Regionalismo, Federalismo, Autonomía. Sobre el trasfondo de las movilizaciones en Magallanes

El centralismo, una vieja historia nacional

Es asunto repetido en la historia oficial de nuestro país y en la imagen propia que tienen de sí mismas las elites chilenas, la alabanza al triunfo de una visión del Estado centralista, unitaria, ampliamente dominada por las elites gobernantes de la ciudad de Santiago. A diferencia de otros países del continente, dice esta visión, aquí se logró consolidar un poder central y una elite hegemónica unitaria y sin grandes fisuras, configurando una “excepcionalidad chilena” que nos destacaría en medio de una región con construcciones políticas inestables, unas elites fragmentadas entre sí, y caudillismos y populismos de diverso signo pero que tendrían en común el ser la fuente de un subdesarrollo institucional y un desorden del que Chile logró escapar, gracias, precisamente, a ese centralismo y esa concentración del poder político.

Tal configuración se remontaría a las épocas de construcción del Estado chileno hace dos siglos ya, y tiene como primer hito fundante la guerra civil de 1829 donde el bando centralista, santiaguino y pelucón, terminaría derrotando al llamado federalista y pipiolo en la Batalla de Lircay. En términos de personajes emblemáticos, el triunfo del comerciante monopolista Diego Portales -posteriormente Ministro y hombre fuerte de los gobiernos posteriores- sobre el General Ramón Freire -que sostuvo con dificultades un intento de contrapeso político al poder de la elite capitalina-. Tal cosa significaría el inicio de los gobiernos conservadores, con fuertes sesgos autoritarios y de un liberalismo muy atenuado y restringido, bajo la forma de un fuerte presidencialismo consignado en la Constitución de 1833, carta fundamental que contenía buena parte de los signos fuertemente centralistas dominantes hasta hoy bajo la cláusula de un Estado “unitario, único e indivisible”.

Evidentemente tal desarrollo se debió a la previa acumulación de poderes y fortalezas políticas de la elite santiaguina con respecto a las provinciales, cosa que tuvo su verificación política concreta en los debates y las disputas con las distintas provincias y ciudades -en especial las más fuertes: La Serena y Concepción, y los distintos cabildos que los representaban- que se habían forjado con anterioridad durante la época colonial, y que tuvieron su auge de participación y ebullición política en la época del proceso constituyente y de construcción del Estado nacional desde 1810 en adelante, hasta la consolidación institucional que significó el triunfo de Portales y Compañía, clausurando una década y tanto de beligerancias en torno a la forma político-institucional que tendría la república naciente.

Atendidos esos datos, no es menor que esa etapa de debates y disputas en torno a la forma del Estado en construcción sea llamado por esa historia oficial de signo conservador como anárquica, poco productiva, gobernada sin aciertos ni aportes a la construcción política de Chile. Al igual que para otras épocas de disputa en torno a las bases de nuestra institucionalidad política, es decir de coyuntura constituyente, se ha levantado una nube de desconocimientos y tergiversaciones que culmina siempre en la exaltación de la genialidad política de algún personaje -Portales, Alessandri, Pinochet- que instaura un nuevo orden superando la anarquía precedente y la incapacidad de la sociedad civil de construir un proceso constituyente democrático o al menos donde participe una buena parte de la sociedad: en toda nuestra historia republicana no ha habido ninguna Constitución efectivamente producida desde una asamblea constituyente electa y menos aún derivada de la participación social.

Nuestra Historia reciente, o todo cambia para seguir igual

Además, la experiencia histórica, sobretodo la reciente, nos ha enseñado en extremas experiencias donde esa centralización del poder se manifiesta en su forma más autoritaria y conservadora, bajo la forma primero de la peor dictadura de nuestra historia, y su orden constitucional legado hasta hoy donde todo el poder está en la capital, donde Santiago es Chile, con un fuerte presidencialismo y peso del Poder Ejecutivo, una muy exagerada relevancia de lo que pasa o no pasa en las pocas cuadras y manzanas que rodean La Moneda y los edificios institucionales del Estado central -las famosas ocho manzanas del Centro-, y un poder político, económico y cultural tremendo de los barrios altos de la ciudad capitalina -el Plaza Italia para arriba que tan simbólicamente se instala como lugar de frontera y umbral social-. Los gobiernos de la Concertación no hicieron nada sustancial para modificar tal situación, y no es casual el que el Presidente Lagos nuevamente entronó a Diego Portales como referente histórico intocable e indiscutible, y el que él mismo haya puesto, sin mayores modificaciones, su firma en la Constitución del 80.

Así las cosas, lo que parece extraño en nuestra historia es la capacidad de ese orden para sostenerse y perpetuarse, no sólo a pesar de todos los intentos por debatirlo o modificarlo -cada cierto tiempo vuelve a aparecer el mismo tema en distintas variantes-, sino que además, a contrapelo de una geografía evidentemente condicionante en la dirección contraria: una angosta faja de tierra de 4.200 kilómetros de largo, y más de 6 mil de fronteras con los 3 países que nos circundan. Para más remate, buena parte de nuestro territorio está cruzado por una geografía que dispersa y relativiza las posibilidades de poblamiento en una buena parte de él: el desierto, las cordilleras, y, caso más obvio, el extremo Sur desgranado en islas, archipiélagos, cordones cordilleranos y campos de hielo. El viaje a las regiones del extremo Sur de Chile se hace casi imposible vía terrestre, y la accidentada geografía y la lejanía a ambos lados de la cordillera hace de un espacio binacional asumido con naturalidad por las comunidades chilenas y argentinas de la Patagonia.

Aun así, hoy como ayer, sigue estando vigente esa forma y dinámica de poder concentrada, centralista, unitaria, que rechaza mayores cuotas de poder y autonomía a las regiones, que desconfía de su capacidad para darse instancias y espacios de deliberación y de toma de decisiones políticas. Más aún, las sucesivas demarcaciones territoriales impulsadas desde Santiago -con su última manifestación: la nueva regionalización impuesta por la dictadura- no han sido más que un asunto funcional de la administración del poder desde la capital, y suelen pasar por alto las realidades culturales, sociales, y económicas del territorio. Los intentos de descentralización efectiva como la Ley de Comuna Autónoma de fines del siglo XIX o los esfuerzos de participación social en los gobiernos de Frei Montalva y Allende terminaron sucumbiendo ante la presión -de distintas magnitudes en cada caso- centralizadora y autoritaria. A nivel de ordenamiento territorial, símbolo inequívoco de esto fue la instalación en la dictadura de una división administrativa que ya en los nombres puestos a las nuevas regiones manifiesta su carácter funcional y dictada desde arriba -y desde el centro–: una numeración que ha debido ser subsanada con nuevas regiones y comunas demandadas por sus propios habitantes en movimientos locales durante los últimos años, cuestión sucedida a nivel regional en Arica-Parinacota y Los Ríos, y a nivel provincial y comunal en innumerables lugares.
La Patagonia, ¿el símbolo actual de la irrupción de una nueva historia?

En ese contexto, la Región de Magallanes y en general todo el espacio territorial y geográfico de la Patagonia del extremo Sur del continente -compartido con Argentina- tiene claramente el signo de ser una región con pretensiones claras de mayor descentralización y autonomía, de manera manifiesta, natural y obvia, por su ubicación geográfica, por su historia, por su lejanía y aislamiento con el resto de Chile y su pertenencia a un espacio en común con las localidades y ciudades argentinas más cercanas. No es casual, por todo eso, la historia de sucesos que preceden a esta movilización social contra el alza del gas anunciada por el actual Gobierno, o el muy ilustrativo hecho de que Magallanes tenga una bandera y un conjunto de efemérides y símbolos que construyen toda una identidad regional de una profundidad inexistente en el resto del país, y que la asimilan, en eso, más bien a las provincias, estados, o departamentos presentes casi sin excepciones en el resto de los países de América del Sur. La Patagonia pareciera escapar, al menos cultural y socialmente -y también en los flujos comerciales y económicos- al centralismo tan dominante en el resto de Chile.

Por lo mismo, el Gobierno central y la elite actualmente gobernante no hace nada muy nuevo al asustarse y desconfiar tanto con la movilización actual en el extremo Sur: sólo repite como acto reflejo la forma cómo ha encarado una y otra vez a estas mismas cuestiones. En otras palabras, con su decisión inconsulta, con sus amenazas de represión a la movilización, la nueva derecha insiste en su viejo historial de cómo concibe el estado-nación de Chile y también el cómo se gobierna a contrapelo de las regiones y localidades de nuestra angosta y larga faja de tierra.

Por eso, lo que hoy pasa en la Región de Magallanes es, dicho de otra forma, una disputa constituyente con manifestación local pero resonancia nacional, pues aborda un conjunto de temas y nudos no resueltos en nuestra historia republicana en torno a las bases fundantes de nuestra institucionalidad política, y las formas de participación y democracia que hemos logrado o no instalar. En suma, en los principios en que está inspirado el estado-nación de Chile, desde nuestro ordenamiento Constitucional hasta las relaciones de poder más específicas, como la elección de autoridades regionales, la inexistencia de parlamentos locales, o la concentración de riquezas, tomas de decisiones, medios de comunicación, y poder cultural en manos de las elites santiaguinas. Su subestimación y desconfianza a las formas más descentralizadas del poder político incluso las hace, en esta ocasión, producir un frente transversal y casi unánime de las fuerzas y los actores políticos y sociales de la Región de Magallanes -incluyendo los referentes de derecha de la región-, y ha producido un hito que puede tener consecuencias tan relevantes como las del Puntarenazo de 1984 contra la dictadura pinochetista.

Así, hoy, al igual que ayer, la lucha por mayor democracia y desconcentración del poder debiera implicar, para todos -regiones y centro, ciudades y pueblos-vislumbrar un proceso político fuertemente impulsado desde las regiones, provincias y localidades, sus ciudadanías organizadas y los referentes políticos que sean leales con tales esfuerzos, partiendo por identificar y desarrollar las derivadas y concreciones específicas que tiene la demanda general por mayor descentralización y autonomía regional. A diferencia de los regionalismos particularistas que demandan autonomías principalmente para sacar ventajas de sus posiciones geográficas que les otorgan mayores recursos naturales en relación al resto del territorio -como los ejemplos actuales de Zulia en Venezuela, Santa Cruz en Bolivia, o Guayaquil en Ecuador –un regionalismo democrático, inclusivo, y progresista, debe apuntar a la construcción de una nueva geografía política y una nueva geometría del poder en el conjunto del país, que beneficie a las mayorías desde Arica a Magallanes, y vaya instalando un ideario y práctica política que vuelva a convocar entusiasmos colectivos, sentidos compartidos y posiciones comunes, tal como alegremente apreciamos, por estos días, en el extremo Sur de nuestro país.

Artículo publicado en: web Red SurDA, Mapuexpress