Recopilación de ideas y reflexiones en la primera semana tras el Plebiscito de Salida del 4 de septiembre de 2022.
Primera reflexión. 6 de septiembre.
Tras ya algunas conversaciones y viendo reacciones en entornos y redes sociales, me parece que de lo primero a hacer en la hora actual, es que el mundo del Apruebo trabaje sobre sus propias emociones y respuestas emocionales ante la derrota.
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A propósito del debate sobre el Proyecto de nueva Constitución en Chile, en especial en lo referido a la determinación de la indemnización por expropiación, y las polémicas surgidas por la incorporación de la idea de “precio justo” en el texto, aquí continuamos con lo ya presentado en publicación anterior, Consideraciones y comentarios acerca de la idea de «justo precio» en materia de indemnización por expropiación en la Nueva Constitución, https://bit.ly/3pjsOWk, realizando un repaso a las regulaciones constitucionales en otros países sobre esta materia.
Como se ve, la mayor parte de los países del mundo señalan la determinación de la indemnización por expropiación de manera genérica y amplia, y muy usualmente, notoriamente la mayoría, con fórmulas similares a las de “justo precio”: “indemnización justa”, “compensación justa”, “justiprecio”, y otras similares. Así, en general, la determinación de la justicia en la determinación del precio a pagar por el Estado a favor de la persona afectada, está señalada de manera general en las constituciones, y es entregada a la legislación la fijación de criterios más específicos y detallados.
Aquí el compilado de algunos países, por continente, partiendo, para que quede claro lo general de estas fórmulas generales, por América del Norte y el propio Estados Unidos.
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Ante las variadas críticas que se han hecho al Proyecto de Nueva Constitución 2022, una de las más llamativas es aquella que se dirige hacia los temas de Seguridad. Una materia en la que la Constitución de 1980 casi no desarrolla, y sobre el cual sólo se reduce a definir competencias y atribuciones de los poderes y órganos competentes en este tema.
Por otra parte, antes que comenzar a señalar las razones por las que esta crítica es infundad, señalar algunas cuestiones previas: Los actuales problemas de Seguridad Pública son efecto del actuar de quienes gobernaron antes 32 años, dejando crecer lo que hoy viene sucediendo en cierta tendencia creciente y preocupante. Es un problema real y notorio, y las fuerzas de izquierdas y progresistas debemos ponerlo como prioridad y a la cabeza del debate, siendo un tema central para las preocupaciones ciudadanas actuales. En estas semanas, debiéramos salir fuerte y claro con algunos puntos en esto, además que es probable que estos sucesos puedan acrecentarse y generar hechos que tengan efectos significativos en la escena pública y predisponer cierto clima social de cara al plebiscito.
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Las derechas y el rechazo han seguido con la cantinela de que el proyecto de Nueva Constitución no garantiza el derecho de propiedad sobre las viviendas propias. Así han estado repartiendo abundante material gráfico que insiste en esta mentira. Incluso, como se aprecia en una de las fotos aquí compartidas, la convencional constituyente de la UDI, Katherine Montealegre, publicó en sus redes sociales fotos de un encuentro de formación con jóvenes de su partido, donde se muestra la insistencia en esta falsedad absoluta.
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«Amarillos x Chile» en una deriva cada vez más errática y llena de errores y falsedades, con un Cristián Warnken refutado y desmentido ya innumerables veces, y al parecer tomando en cuenta aquello, han comenzado a poner más a Mario Waissbluth en sus vocerías. Pues, cuento repetido, ayer lo mismo, en el programa Tolerancia Cero, presentando argumentos fundados en cuestiones simplemente falsas, que denotan desconocimiento del texto, ignorancia acerca de los alcances de lo propuesto, o simplemente mala fe.
En detalle:
A modo de apuntes sobre Propiedad, Expropiación, y Justo Precio en el Proyecto de Nueva Constitución para Chile 2022
“3. Ninguna persona puede ser privada de su propiedad, sino en virtud de una ley que autorice la expropiación por causa de utilidad pública o interés general declarado por el legislador.
4. La propietaria o el propietario siempre tiene derecho a que se le indemnice por el justo precio del bien expropiado”.
Artículo 78 del proyecto de Nueva Constitución para Chile 2022
Sobre esta materia, ha habido un abundante debate y una muy sistemática interpelación por parte de los críticos al nuevo texto constitucional, que puede revisarse en diversos medios con sólo buscar “justo precio” + “nueva constitución”, decenas de notas y textos aparecerán.
Aquí se hará un repaso de algunas consideraciones sobre la materia, desde la perspectiva de defensa del proyecto de Nueva Constitución y sus potenciales alcances transformadores, partiendo por la referencia a las normas hoy vigentes en nuestro país (Constitución de 1980, DL 2168 sobre procedimientos de expropiación, Convención Americana de Derechos Humanos), y a algunas constituciones de otros países sobre esta materia.
Luego se hará un repaso de algunas consideraciones a tener en cuenta sobre la propuesta de la nueva Constitución, sus implicancias y alcances, y una defensa de sus posibilidades junto a una mirada acerca de cómo podrían proponerse futuras reformas legislativas que desarrollen lo contemplado en la propuesta de nuevo texto constitucional en este tema. Esta última parte es por cierto la más importante (puntos e y f de este texto).
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El proyecto de nueva Constitución de Chile contiene una norma relativa al “consentimiento libre, previo e informado de los pueblos indígenas en aquellas materias o asuntos que les afecten en sus derechos reconocidos en esta Constitución”, en los siguientes términos:
“Artículo 191
Participación en las entidades territoriales en el Estado regional.
1. Las entidades territoriales garantizan el derecho de sus habitantes a participar, individual o colectivamente en las decisiones públicas, comprendiendo en ella la formulación, la ejecución, la evaluación, la fiscalización y el control democrático de la función pública, con arreglo a la Constitución y las leyes.
2. Los pueblos y naciones indígenas deberán ser consultados y otorgarán el consentimiento libre, previo e informado en aquellas materias o asuntos que les afecten en sus derechos reconocidos en esta Constitución”.
A propósito de esto, han surgido desde la campaña del Rechazo un sinnúmero de distorsiones y falsedades en cuanto al verdadero alcance y contenido de esta norma, que por lo demás, está consagrando en el texto constitucional, reglas y principios que ya son derecho vigente en nuestro país, debido a que están contenidos en instrumentos internacionales suscritos, adheridos o votados por nuestro país en las correspondientes instancias internacionales, en especial en la Organización de Naciones Unidas (ONU), la Organización Internacional del Trabajo (OIT), y la Organización de Estados Americanos (OEA).
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Comparto un texto propio recién publicado en la serie de Clacso – Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, «El Estado en debate», en esta número, contenido en 2 partes, sobre el tema «Estados, guerra y militarización».
Aquí se puede descargar la Parte 2 donde está mi contribución “Estamos en guerra ante un enemigo poderoso”. Violencias de Estado y militarización en el Chile reciente y actual: https://www.clacso.org/boletin-2-el-estado-en-debate/
Y aquí la Parte 1: https://www.clacso.org/boletin-1-el-estado-en-debate/
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Andan circulando por redes algunas opiniones que cuestionan el texto de borrador de Nueva Constitución, que aseguran que significaría un retroceso en materia de minería. Dicen que en esto, la Constitución de 1980 contiene una regulación más proclive al anhelo de recuperación y renacionalización de los minerales.
Para ello, sostienen afirmaciones del tipo “las concesiones podrían ser anulables bajo el actual régimen constitucional”, “la Ley Orgánica Constitucional de Concesiones Mineras es inconstitucional”, “el Presidente podría renacionalizar el Cobre con un simple decreto”, y otras en similar sentido.
Estas afirmaciones tienen una gravísima falta de rigor, y para sostenerse, citan algunos artículos de la Constitución de 1980, haciendo caso omiso de lo que señalan expresa y claramente otras normas de la misma Constitución vigente. Veamos.
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A propósito de los debates en torno al tema del quórum de 2/3 para la Reforma de la Nueva Constitución por parte del Congreso Nacional actual, que ha producido un no menor debate público a partir de la norma transitoria aprobada en la Comisión de Normas Transitorias de la Convención Constitucional, comparto opinión y posición sobre el tema.
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Miradas desde Nuestra América 